La legislación sobre salud mental es necesaria para proteger los derechos de las personas con enfermedad mental. Para ello, nuestro sistema jurídico dispone de varios instrumentos que garantizan el bienestar y el respeto de los derechos de las personas cuando sus capacidades se encuentran, permanente o temporalmente, mermadas. Las consultas más frecuentes que efectúan nuestros usuarios y usuarias sobre legislación referida a la salud mental están relacionadas con la tutela pública o privada, la curatela, la incapacidad judicial, minusvalías, herencias y transmisión del patrimonio, los ingresos sanitarios y tratamientos ambulatorios involuntarios, las incapacidades laborales y los derechos que genera la recientemente aprobada ley de dependencia.
La enfermedad o los trastornos mentales, en ocasiones, pueden afectar a la capacidad de la persona para la toma de decisiones, incluso para aceptar el tratamiento médico necesario o acudir al especialista. Cada día se constata con mayor frecuencia la necesidad demandada por familiares sobre la atención a personas con trastornos mentales que se niegan a ser reconocidas por los profesionales correspondientes. Estas situaciones generan una tensión añadida en los familiares, ya que reconocen una situación anómala a la que los servicios de salud no pueden atender al negarse los afectados a recibir atención. Para atender estos casos es preciso abordar tanto los tratamientos como los ingresos involuntarios con la consiguiente autorización judicial. Cuando los familiares se enfrentan a estas situaciones es frecuente que tengan sentimientos de culpabilidad, por eso la orientacion del profesional le permitirá valorar la medida en su grado justo y rebajar la tensión.
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